Todo lo que necesitas saber sobre el caso de los ERE

por Radio YA

02 abril 2018

 

  1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CASO DE LOS ERE?

En esencia consiste en una actuación en la Junta de Andalucía ha permitido que se gasten (datos del proceso en 2018) 741 millones de euros en pagar prejubilaciones con dinero público, creando un sistema para evitar que los controles legales pudieran detectar ese fraude.

Cuando a pesar de todo, la Intervención General de la Junta detectó esas ilegalidades, la Junta y en particular su Consejero de Economía (Griñan) y su Presidente (Chaves) no hicieron nada al respecto. (La Intervención formuló 15 observaciones, sin embargo, ante el silencio de la Junta, no emitió los informes de actuación que hubieran obligado a la Junta a actuar. Por no haber emitido este segundo tipo de informes está imputado el entonces Interventor General de la Junta, Manuel Gómez).

Los ERE no eran tramitados ilegalmente. Lo que era ilegal era el uso de dinero público de la Junta para financiar prejubilaciones mediante un sistema al que no tenían acceso todos los andaluces y que se mantenía sin publicidad alguna ni control.

La mayor parte de datos de este resumen proviene del excelente libro EL SAQUEO DE LOS ERE Ed. Libros.com 2015 de los periodistas Antonio Salvador y Sebastián Torres

 

 

  1. ¿QUÉ PROPÓSITO TENIA ESTE FRAUDE?

En primer lugar, crear un clientelismo político gastando dinero al margen de la ley. No era un sistema para todos. Solo se beneficiaron de ello 6.473 empleados mientas que los restantes 81.464 empleados que se acogieron a los ERE en Andalucía, en ese mismo periodo, carecieron de ellas. Por eso se eludía la publicidad y se concedía a determinadas empresas amigas o plantillas elegidas por los sindicatos.

En segundo lugar, crear un sistema de corrupción económica ya esa elección de las empresas implicaba comisiones para los mediadores, principalmente los sindicatos y CCOO y comisiones que iban para financiar actividades del PSOE. (Véase el caso de Mercasevilla, que fue desde donde al tirar del hilo se llegó al caso de los ERE). En ese marco de corrupción se incluyeron también como beneficiarios de las prejubilaciones personas que no reunían los requisitos y que ni siquiera habían trabajado en las empresas beneficiadas.

 

 

  1. ¿CÓMO SE DESCUBRIO EL FRAUDE DE LOS ERE?

           El tema se descubrió por azar.

La empresa La Raza había firmado con Mercasevilla un acuerdo para explotar una empresa de hostelería que se iba a instalar en el edificio central de Mercasevilla y la Consejería de Empleo había concedido para ello una subvención de 9000.000 euros, el 100% de lo solicitado.

Pero antes de que se entregara la citada subvención, el 16 de enero de 2009, el Director y Subdirector de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron una comisión de 450.000 euros.

Uno de los empresarios decidió llevar a la siguiente reunión, 27 de enero de 2009, una grabadora para obtener pruebas de la extorsión que se les solicitaba.

Los directivos de Mercasevilla les dijeron que para recibir la subvención tenían que pagar una acometida eléctrica, 74.000 euros a Endesa y 90.000 euros por los trabajos de instalación. Y además una “colaboración” con la Junta de 300.000 euros. “Todos los políticos lo saben, Pedro. Más no te puedo decir. Todos” dijo Mellet a uno de los empresarios.

La conversación se prolongó, pero los empresarios no se mostraban dispuestos a aceptar.

El Director de Mercasevilla intentó dar argumentos de que era lo habitual y finalmente dijo: “Cuando me consiguen una subvención tipo ERE, yo por razones obvias, tengo que darle una comisión al conseguidor y eso sí que es habitual, legal. Yo pagué una comisión por haber conseguido un ERE”

Los empresarios pusieron la grabación en manos de la Junta a finales de enero 2009. La Junta la pasó el 4 de febrero al Ayuntamiento como accionista mayor de Mercasevilla.

El 13 de febrero la Junta puso las grabaciones disposición de la Fiscalía de Sevilla. El 31 de marzo el diario ABC informó que “La fiscalía investiga el cobro de comisiones a empresarios en Mercasevilla”

Ante la falta de avances en la Fiscalía, el portavoz del PP, Ignacio Zoido elevó los recortes de prensa a los juzgados el 24 de abril de 2009.

El caso recayó en el Juzgado nº 6, de Mercedes Alaya. La juez abrió el caso por extorsión, pero también otro por presunto delito societario, otro por amaño en la venta de suelo y otro por las irregularidades en los ERE.

(La grabación dio lugar a que el 24 de octubre de 2012 se condenara a Fernando Mellet y a David Ponce a 21 meses de inhabilitación para cargo público y a 600.000 euros de multa. Esta sentencia fue posteriormente ratificada por el Trib. Supremo)

 

El 16 de noviembre de 2009, el concejal del Beltrán Pérez del PP denunció que había detectado un falso prejubilado en el ERE de Mercasevilla.

Poco a poco fueron surgiendo nuevos datos y nuevos listados de intrusos en el ERE de Mercasevilla

En junio de 2010 el nuevo DG de Trabajo de la Junta (Daniel Rivera) envió a la juez Alaya, a petición de ésta, un informe en el que indicaba que la subvención de los ERE a Mercasevilla no había seguido ningún cauce legal por lo que el documento firmado por el anterior DG de Trabajo, Javier Guerrero, era papel mojado. No obstante, ese documento aludía ya a la partida presupuestaria 31.1 como fuente del pago.

¿Cómo era posible que las objeciones que ponía la Consejería de Empleo al ERE de Mercasevilla de 2007 no hubieran sido puestas a otro ERE de Mercasevilla de 2003, prácticamente idéntico?

Se descubrió que las prejubilaciones, financiadas por la Junta, no se habían dado sólo en Mercasevilla sino en otras muchas empresas

Se descubrió que una consultora catalana VITALIA había participado en muchas de esas prejubilaciones.

Se comprobó que en el Boletín Oficial de la Junta no aparecían publicadas ninguna de esas subvenciones desde el 6 de febrero de 1999, día en que se anunció una subvención especial de 1.000 millones ptas (6 millones euros) para Puleva SA para sufragar parte del coste económico de prejubilaciones.

Desde entonces, no se había publicado ninguna más.

Sin embargo, el Presupuesto de la Junta recogía año a año un programa “Administración Relaciones Laborales” (primero el 22.E y luego el 31.1) que se gastaba pero que no daba lugar a publicaciones en el BOJA.

Esto llevó a pensar que la Junta estaba operando al margen de la ley.

 

 

  1. ¿CÓMO HABIA SOSLAYADO LA JUNTA EL MARCO LEGAL?

El 17 de junio de 2001 el Consejero de Empleo, José Antonio Viera (que fue después Secretario General del PSOE en Andalucía del 2004-2012, y Antonio Fernández, presidente del IFA habían firmado un convenio.

Ese convenio autorizaba al DG de Trabajo a conceder subvenciones y otorgaba al IFA (después a IDEA) la facultad de pagarlas.

El método consistió en crear una empresa/institución que recibía dinero público en teoría para financiar sus “gastos de explotación” pero que en realidad lo que hacía con ese dinero es entregarlo a los receptores de ayudas (ERE) a través de una contratación de primas de seguro con empresas aseguradoras que se comprometían a ir pagando anualmente a los beneficiarios esas ayudas y en contrapartida recibían cada año un ingreso a través de esa empresa o institución.

Las ayudas públicas, sin publicidad, de la Junta eran tan generosas para las empresas que se beneficiaban de ellas que las eximían, o casi, de la carga económica que para la parte empresarial implica un ERE, lo que daba lugar que fácilmente se produjera un acuerdo entre empresa y trabajadores del que surgía la lista de “beneficiarios” de cada ERE.

La ausencia de control público de los pagos a esas aseguradoras que actuaban como pagadores intermedios, permitió también que además se incluyeran en las listas de “beneficiarios” de los ERE a personas que ni siquiera hayan trabajado nunca en empresas a cuyo listado de beneficiarios del ERE eran añadidas.

Personas, amigos y familiares de miembros del PSOE y de los sindicatos fueron así incluidos para recibir esas ayudas sin haber trabajado nunca en las empresas en que se hacían los ERE.

Por otra parte, las empresas no tenían por qué desaparecer y podían contratar de nuevo, es decir reemprender su actividad sin carga alguna. Obviamente esto podía estimular la generosidad de las empresas hacia quien desde el puesto oficial o desde los sindicatos intermediarios negociadores

 

¿Cómo se financiaba el IFA?

La partida 31.1 (antes la 22.E) era para “financiar gastos de explotación” es decir, para cubrir agujeros contables o pérdidas” Nunca para pagar subvenciones.

El convenio que caducaba el 31 de diciembre de 2003 pero que se prorrogó tácitamente año a año (sin publicidad alguna).

En el programa 31.1 se habían aplicado entre el 2000 y el 2010, 695,3 millones de euros. En 2014 cuando Alaya lo elevó al Supremo, indicó la cifra de 855 millones de euros para el periodo 2000-2012.

Finalmente, la Cámara de Cuentas de Andalucía cifró el coste de las prejubilaciones otorgadas por ese proceso a 1.217 millones de euros (que incluían lo pagado más lo pendiente de pagar)

 

 

  1. CÓMO FUNCIONABA EL SISTEMA

 

El 27 de diciembre de 2010 el periodista Sebastián Torres (El Mundo) en sus pesquisas periodísticas sobre Mercasevilla descubrió que la Junta había estado pagando prejubilaciones de manera ilegal durante una época. El sistema regaba el régimen clientelar de 30 años personificado por Chaves y su sucesor Griñan y dilapidó en 10 años 1.200 millones de euros.

 

El sistema funcionaba como sigue:

  1. Los ojeadores de los sindicatos buscaban empresas interesadas en hacer un ERE
  2. Se reunían con los comités de empresa y presentaban a los trabajadores un plan de prejubilación con una simulación de lo que irían cobrando mensualmente hasta llegar a la jubilación
  3. La junta pondría el dinero para sufragar el coste.
  4. Trabajadores y empresarios firman el acuerdo del ERE
  5. La Consejería de Empleo otorgaba una ayuda para el ERE con la mera firma del Director General.
  6. Los mediadores ponen en contacto a los trabajadores con una compañía de seguros que firmaba un contrato con cada prejubilado comprometiéndose a pagarle mes a mes hasta la edad de jubilación.
  7. Si había que incluir a un falso prejubilado en la firma se hacía en ese momento (sin que apareciese en el ERE firmado) ya que las pólizas no eran fiscalizadas por la autoridad laboral y tampoco por la Intervención General.
  8. La Junta pagaba anualmente a las aseguradoras las cuales cobraban además una comisión por el pago aplazado.
  9. Los mediadores solían ser empresas satélites de los sindicatos UGT y CCOO
  10. El DG de Trabajo firmaba un protocolo con el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) reconvertido en 2004 en la Agencia IDEA.
  11. La Consejería de Empleo inyectaba al IFA (o IDEA) fondos bajo el código contables de “transferencias de financiación de explotación.
  12. La fiscalización de esos fondos escaba a los controles de los interventores porque se dedicaban, en teoría, a cubrir agujeros o a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del IFA o de la Agencia IDEA, los cuales como agencia instrumental están sometidos a controles más livianos.
  13. Los beneficiados por estas ayudas fueron 6.473 empleados mientas que los restantes 81.464 empleados que se acogieron a los ERE en Andalucía carecieron de ellas
  14. ¿Por qué se dio a unas empresas y a otras no? Si era para ayudar a todos ¿por qué no se hizo pública la existencia del sistema?

 

 

  1. ¿QUÉ SON LOS ERE?

Los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) son un procedimiento que se solicita a la Autoridad Laboral para suspender o extinguir definitivamente las relaciones laborales entre una empresa y sus empleados garantizando los derechos de los trabajadores.

Pueden solicitarlo tanto las empresas como los propios trabajadores, a través de sus representantes legales, cuando consideren que así van a evitarse un perjuicio mayor.

Pero sólo cuando se dan determinadas circunstancias previstas por la ley:

  1. Despido colectivo o suspensión de la relación laboral por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción.
  2. Suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor.
  3. Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante.

 

El ERE debe acompañarse de una memoria de las causas que lo justifican, documentación económica de la empresa y, en compañías de 50 o más trabajadores, un plan de viabilidad.

Si la medida afecta a menos de 200 trabajadores, la Autoridad Laboral puede ser la de la provincia donde está la empresa. Si afecta a más de 200 personas o a centros ubicados en diversas provincias, el caso podría pasar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Si el expediente se solicita por causas de fuerza mayor, basta con informar a los representantes legales de los trabajadores y esperar la resolución de la Autoridad Laboral.

En el resto de casos, se abre un período de consultas y de negociación entre empresa y trabajadores. Si no se llega a un acuerdo, la Autoridad Laboral decide si se acepta o no la regulación de empleo.

 

 

  1. ¿QUIÉN ESTABA AL FRENTE DEL PSOE EN LA ETAPA DEL FRAUDE DE LOS ERE?

 

El fraude de los ERE se materializó de forma indiscutible a partir del Convenio el 17 de junio de 2001.

Etapa de creación y puesta en marcha. Es inconcebible que, en la Junta de Andalucía, el Consejero de Empleo, José Antonio Viera (que fue después Secretario General del PSOE en Andalucía del 2004-2012, hubiese firmado este convenio sin conocimiento de la Consejera de Economía, Magdalena Alvarez, (2 de agosto 1994 a febrero de 2004) y del Presidente de la Junta, Manuel Chaves (del 27 de julio de 1990- al 7 de abril de 2009).

Por otra parte, la preparación de la línea de crédito específica y de su dotación presupuestaria, así como de las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias, se hizo técnicamente desde la Consejería de Economía, independientemente de que después, como se hace con todos los Presupuestos, fuera el legislativo, en este caso el Parlamento de Andalucía, el que lo aprobara.

En toda esta etapa, en la siguiente y en parte de la última el Secretario General del PSOE era José Luis Rodríguez Zapatero (de 22 de julio de 2000-4 de febrero de 2012)

Etapa de desarrollo. El 25 de abril de 2004 se nombra un nuevo Consejero de Empleo, Antonio Fernandez Garcia, que cesará el 22 de marzo de 2010, ya después de que el caso hubiera saltado a los medios. Inconcebible que el Consejero de Empleo no conociera este tema. El nuevo Consejero de Economía fue Jose Antonio Griñán (de 24 de abril de 2004- 23 de abril de 2009) que recibió informes de la Intervención General. El Presidente del Gobierno fue Presidente José Luis Rodríguez Zapatero de 16 de abril de 2004-21 de diciembre de 2011

Etapa de no cooperación con la Justicia. El 22 de marzo de 2010 se nombra nuevo Consejero de Empleo a Manuel Recio Menéndez 21 de marzo de 2010-7 de mayo de 2012 el cual obviamente debió enterarse del caso (y colaborar o no con la Justicia). El Consejero de Economía fue Antonio Ávila Cano 22 de marzo de 2010-9 de septiembre de 2013, que obviamente debió de tomar conocimiento de lo que ya era de dominio público. El Presidente de la Junta fue Jose Antonio Griñan 23 de abril de 2009-7 de septiembre de 2013. Después ocupo la Presidencia Susana Diaz desde el 7 de septiembre de 2013.

El Secretario General del PSOE fue Alfredo Perez Rubalcaba desde 4 de febrero de 2012- 26 de julio de 2014 y desde entonces Pedro Sánchez.

 

Todas las personas resaltadas en negrita han tenido un papel en el caso de los ERE. Menor el de Susana Díaz, el de Rubalcaba y el de Pedro Sánchez, que en cualquier caso han guardado un sospechoso silencio sobre estos temas.


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Víctor Alvarado

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